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Derechos laborales de las personas con discapacidad: más allá del contrato


Trabajar es un derecho. Y para muchas personas con discapacidad, ese derecho se convierte en una lucha diaria.

Pese a los avances legales y recursos como los Centros Especiales de Empleo (CEE), muchas personas siguen enfrentando desigualdad, barreras y discriminación. Hablamos de derechos, no de favores.

¿Qué dice la ley?

Según la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, las empresas están obligadas a:

  • Contratar al menos un 2% de personas con discapacidad si tienen más de 50 trabajadores/as
  • Garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación
  • Adaptar el puesto de trabajo a las necesidades funcionales de cada persona

También existen medidas alternativas e incentivos para facilitar la contratación.

Centros Especiales de Empleo (CEE)

Los CEE son empresas cuya plantilla está formada, al menos, por un 70% de personas con discapacidad reconocida. Ofrecen:

  • Apoyo personalizado y adaptación de tareas
  • Seguimiento de la integración sociolaboral
  • Un entorno profesional, estable y seguro

Pero esto no exime de respetar los derechos laborales como cualquier otra empresa: salario digno, descansos, prevención de riesgos, promoción, etc.


¿Qué vulneraciones siguen existiendo?

A pesar de las leyes, aún se dan situaciones como:

  • Asignación de tareas sin tener en cuenta la discapacidad
  • Dificultad para promocionar profesionalmente
  • Acoso o trato paternalista
  • Incumplimiento de adaptaciones o citas médicas
  • Invisibilización de discapacidades no visibles (como neurodivergencias)

¿Qué podemos hacer?

✔️ Conocer los derechos laborales básicos y específicos
✔️ Asesorarse (sindicatos, entidades sociales, servicios jurídicos)
✔️ Denunciar situaciones de discriminación
✔️ Promover una cultura laboral inclusiva y formada

Las personas con discapacidad no buscan favores, buscan justicia

Acceder a un trabajo, contar con adaptaciones, poder promocionar o disfrutar de unas vacaciones como cualquier otra persona trabajadora no es un privilegio: es un derecho.

Una sociedad justa se mide por cómo protege los derechos de quienes más barreras encuentran.

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